Gobierno establece plazo de 180 días para regular la IA en instituciones públicas.
El Decreto 787-26 obliga a las instituciones públicas a evaluar los sistemas de alto impacto antes de usarlos y prohíbe, entre otros usos, la identificación biométrica masiva sin orden judicial.
Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, en Santo Domingo. Foto: Presidencia de la República
Lo que pasó: El Poder Ejecutivo aprobó, mediante el Decreto 787-26 del 3 de noviembre de 2026, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, de cumplimiento obligatorio en la Administración pública centralizada y descentralizada, informó la Presidencia. Lo elaboraron la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
Por qué importa: Las reglas condicionan cómo el Estado podrá usar la inteligencia artificial en trámites, beneficios sociales o sanciones, y qué deberán garantizar las empresas que le vendan estas tecnologías.
El contexto: Los sistemas de alto impacto, los que afectan el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras, deberán pasar una evaluación de impacto ético y de derechos antes de usarse. El código prohíbe la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas. También crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial.
El número: 180 días calendario: plazo para que las instituciones adecuen sus procesos, registren los sistemas que ya usan y designen a sus responsables.
A quién impacta:
Instituciones públicas, que deberán registrar y evaluar sus sistemas de inteligencia artificial.
Proveedores tecnológicos del Estado, a los que se exigirán garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control de los datos, sin sistemas que no puedan auditarse.
Ciudadanos, que tendrán derecho a saber cuándo un trámite o una decisión se apoyó en inteligencia artificial y a pedir revisión humana.
Sí, pero: La nota oficial no identifica el órgano de supervisión que aprobará los sistemas de alto impacto ni las sanciones por incumplir el código.
Qué vigilar: El vencimiento del plazo de 180 días para que las instituciones adecuen sus procesos.
La conclusión: El Estado tendrá reglas propias para usar la inteligencia artificial, y sus proveedores deberán ajustarse a ellas.
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