El Gobierno extiende hasta mayo de 2028 el plazo para aplicar responsabilidad penal empresarial.

Lo que pasó: El Poder Ejecutivo promulgó el jueves 5 de noviembre la Ley 88-26, que aplaza hasta el 5 de mayo de 2028 la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como empresas y asociaciones. El día anterior, el Senado aprobó en única lectura la versión de la Cámara de Diputados, que redujo el plazo de 24 a 18 meses.

Por qué importa: Las empresas ganan tiempo para crear programas de cumplimiento y prevención de delitos antes de que puedan ser procesadas y sancionadas penalmente. El aplazamiento no elimina la obligación: solo cambia la fecha desde la que podría exigirse.

El contexto: La ley modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, del 27 de julio, que fijaba el inicio del régimen para el 5 de noviembre de 2026. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) habían pedido aprobar la prórroga antes de esa fecha. Según el Senado, la prórroga no altera la entrada en vigor del resto del Código Penal.

El número: 18 meses: plazo adicional que tienen las personas jurídicas antes de que se les apliquen los artículos 8 a 11 del Código Penal.