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Decreto reserva compras de programas sociales a mipymes industriales nacionales

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Imagen del Decreto 672-26 publicada por la Presidencia de la República. Foto: Presidencia de la República.

Lo que pasó: El presidente Luis Abinader firmó el 28 de septiembre de 2026 el Decreto 672-26, publicado al día siguiente. Instruye a las instituciones con programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta e insumos escolares, salubridad y protección de grupos vulnerables a dirigir esas compras exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional.

Por qué importa: Una parte de las compras del Estado se convierte en un mercado reservado para la industria local de menor escala, lo que tendería a ampliar su demanda y a reordenar a los proveedores actuales de esos programas.

El contexto: La medida desarrolla el artículo 177 de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Los productos deberán ser de origen nacional, sin intermediación salvo autorización escrita del productor, y cumplir las normas técnicas aplicables. Si no hay oferta suficiente, la institución podrá declarar desierto el proceso.

El número: 18: instituciones sujetas al decreto, entre ellas el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Educación (Minerd) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

A quién impacta:

  • Mipymes industriales: acceso preferente a contratos, condicionado al registro del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), a la certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a las normas de calidad.
  • Importadores e intermediarios: quedarían fuera de esas compras, salvo autorización del productor.
  • Instituciones contratantes: deberán identificar, en cada ejercicio presupuestario, los bienes que puede ofrecer la industria local y ajustar sus pliegos.

Qué vigilar: El inventario de oferta industrial que el MICM debe completar en un plazo no mayor de cuatro meses.

La conclusión: Las compras sociales del Estado pasan a ser un mercado para la industria nacional de menor escala, que deberá demostrar capacidad de suministro.

Redacción EL EJECUTIVO · Fuente: Decreto 672-26, Presidencia de la República, dado el 28 de septiembre de 2026.

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