Lo que pasó: El presidente Luis Abinader firmó el 28 de septiembre de 2026 el Decreto 672-26, publicado al día siguiente. Instruye a las instituciones con programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta e insumos escolares, salubridad y protección de grupos vulnerables a dirigir esas compras exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional.
Por qué importa: Una parte de las compras del Estado se convierte en un mercado reservado para la industria local de menor escala, lo que tendería a ampliar su demanda y a reordenar a los proveedores actuales de esos programas.
El contexto: La medida desarrolla el artículo 177 de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Los productos deberán ser de origen nacional, sin intermediación salvo autorización escrita del productor, y cumplir las normas técnicas aplicables. Si no hay oferta suficiente, la institución podrá declarar desierto el proceso.
El número: 18: instituciones sujetas al decreto, entre ellas el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Educación (Minerd) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).
A quién impacta:
Qué vigilar: El inventario de oferta industrial que el MICM debe completar en un plazo no mayor de cuatro meses.
La conclusión: Las compras sociales del Estado pasan a ser un mercado para la industria nacional de menor escala, que deberá demostrar capacidad de suministro.
Redacción EL EJECUTIVO · Fuente: Decreto 672-26, Presidencia de la República, dado el 28 de septiembre de 2026.